‘Popo sucio’ tendría los días contados

Hasta diez años podría permanecer preso de ser encontrado culpable por el Poder Judicial por cometer los presuntos delitos de Uso de Documentos Falsificados, Asociación Ilícita Para Delinquir y Peculado. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, ha sido denunciado por la 57 fiscalía Provincial de Lima por la irregular entrega de títulos a nombre de la nación desde el Instituto Alfonso Huapaya.

Después de cinco largos meses de investigaciones el fiscal Jorge Sanz efectuó la denuncia penal trás considerar que hay indicios para suponer que el Estado se ha visto afectado, pues directivos del Instituto Superior Alfonso Huapaya Cabrera ofrecían títulos académicos, pero solo otorgaron certificados a nivel federativo para la carrera de entrenador de fútbol cuando tenían autorización del Ministerio de Educación.

El director del instituto, Enrique Pacheco Velarde, también fue incluido en la demanda debido a que los títulos no fueron firmados por su persona, sino por su hijo, Enrique Pacheco Farromeque; quien asimismo fue demandado junto a Burga Seoane. Pacheco Velarde como máxima autoridad de la entidad académica señalada es quien debió firmar, es decir certificar a los egresados; no su hijo y menos el manda más de la FPF.

Desde GOL nos preguntamos ¿cuál es el valor que tienen los títulos? Para Manuel Burga los egresados son considerados entrenadores de fútbol, puesto que su federación es la única autorizada para certificar directores técnicos. Hace algunos meses Burga Seoane dijo que no hay problema con la autorización otorgada por el Ministerio de Educación porque la FPF si los reconoce, por lo tanto pueden ejercer esa actividad.

Entonces, ¿por qué se ofrecieron títulos a nombre de la nación cuándo solo se entregaron certificados cuyo aval es una federación sancionada e inhabilitada por el IPD? Le corresponde al PJ dar respuesta a esa interrogante, pero allí surge un problema más grave. La FIFA le quitó la condición de suspendido al fútbol peruano cuando Burga y Arturo Woodman presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) se comprometieron a integrar una mesa de diálogo.

Ello con la finalidad de solucionar los problemas de la FPF. Aunque, el IPD es un organismo autónomo depende también del Ministerio de Educación, ente agraviado presuntamente por el Instituto Huapaya y la FPF, ello origina que Arturo Woodman y el IPD no participe en asuntos ligados a los implicados en la demanda judicial planteada, caso contrario quedaría sentado un mal precedente al existir alguna clase de apoyo del IPD a la FPF.

Inclusive, Burga pidió públicamente la celeridad de Woodman para conformar la mesa de diálogo y no hacer las cosas a última hora como sucedió cuando juntos arreglaron –de alguna forma- el problema deportivo y económico causado por la suspensión ¿permitirá el gobierno que la FPF le vuelva a torcer la mano? Existe una comisión FIFA encargada de supervisar los avances del trabajo del IPD con la FPF.

Aparentemente no hay luces ni camino, tampoco espacio para que dos ineptos Burga y Woodman convivan en el mismo espacio con mayor razón si hay un ministerio agraviado. La demanda judicial hace presumir que el IPD no debe participar de forma directa o indirecta en cualquier asunto relacionado a Burga y a la FPF.

Lamentablemente, para GOL el Estado está en la obligación de ceder nuevamente ante los caprichos de Burga. Hay muchos profesionales y gente ligada a este deporte de manera indirecta que quedaría desempleada si se suspende y desafilia de la FIFA al fútbol peruano, por lo tanto sería también una desgracia que nos vuelvan a suspender, no obstante no se debe tratar con personas que actúan al margen de la ley.

Manuel Burga tiene familia, pese a que sea bastante repudiado socialmente debe contar con un círculo de amigos a quienes no le agrada saber a cerca de una probable pena carcelaria, aunque es un pésimo dirigente GOL no le desea la privación de la libertad a Burga ni a nadie por tratarse de un régimen sancionador demasiado estricto, solo queda esperar que el PJ determine si se ha cometido delito o no.

El Código Penal establece que aquella persona que use documentos falsificados será sancionada con una pena no menor de 4 años ni mayor de 10. Del mismo modo señala que el peculado se castigará con el mínimo de 3 años y el máximo de 6, mientras que la misma legislación establece que la asociación ilícita para delinquir será reprimida con un tiempo que varía entre los 4 y 8 años de privación de la libertad.

Finalmente, solo queda reflexionar en las vueltas que da el destino y las acciones que tomamos a lo largo de la vida. Manuel Burga pasó mucho tiempo desconociendo las leyes peruanas y amparándose en las extranjeras, hoy es procesado con los códigos de nuestro país y mañana podría ser condenado con aquella legislación que pretendió ignorar tantas veces.

Desde GOL lo único que vamos a pedir es que se realicen las investigaciones correspondientes, como se ha venido haciendo, con justicia para ambas partes y fundamentalmente que no hayan bajezas por ningún sector, es decir que Burga no aduzca persecución política y que el PJ no aproveche el repudio masivo contra el dirigente para imponer la pena máxima en caso no la merezca.

Juan Carlos Scheelje